En la lucha contra la impunidad es histórica la sentencia de 10 de mayo de 2013 dictada por un Tribunal guatemalteco al condenar por primera vez a un dictador en Latinoamérica por genocidio y crímenes contra la humanidad.
El juicio fue un testimonio de la resistencia y el coraje de las víctimas, quienes después de tres décadas de impunidad institucionalizada y negación oficial de los hechos, se atrevieron a denunciar ante un Tribunal nacional la violencia sistemática desplegada por el Ejército guatemalteco.
Igualmente constituye un testimonio de la valentía de los abogados querellantes y activistas de derechos humanos, fiscales y jueces que se esforzaron para llevar el caso a buen término, frente a una campaña sistemática de desprestigio institucional. Las sesiones del juicio, que se prolongaron durante tres meses, se desarrollaron en una atmósfera adversa, enturbiada por una campaña mediática dirigida contra los miembros del Tribunal, Ministerio Fiscal y las víctimas, quienes fueron tildados de “sicarios judiciales” y “mercaderes de derechos humanos”, en la que tomaron parte destacadas personas del Gobierno y de las élites empresariales, y en la que hubo, además de amenazas directas, intimidaciones e intentos de soborno, resultando cuestionable la pasividad de las instancias judiciales superiores, encargadas de velar por la independencia judicial, frente a estos injustificables atentados.
El ex dictador José Efraín Ríos Montt fue condenado por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad a 80 años de cárcel. Sin embargo, esta sentencia fue anulada diez días después por tres de los cinco magistrados integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala extralimitándose en sus funciones y en clara vulneración del sistema de recursos pues tenia que haber sido apelada previamente ante la jurisdicción ordinaria.
La anulación de parte del juicio y de la sentencia, además de una sinrazón jurídica que provocará en el juicio que ha de repetirse parcialmente numerosas incidencias, consciente o inconscientemente perseguidas, que pueden determinar futuras nulidades, constituye una flagrante violación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de genocidio y crímenes contra la humanidad. Por ello, instamos a la Corte de Constitucionalidad a reconsiderar y dejar sin efecto su decisión, respetando y dando cumplimiento al ordenamiento jurídico guatemalteco. También instamos al Estado de Guatemala a que ofrezca garantías de seguridad para que los jueces y juezas puedan ejercen su función en condiciones de independencia e imparcialidad con el fin de poder esclarecer la verdad y castigar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.